«Habitatge per a tothom» («Vivienda para todos»). La frase, escrita en una pancarta, resume una de las demandas que fotografié en el centro de Barcelona durante el 11N. En otros carteles, la vivienda aparecía ligada a la posibilidad de vivir en la ciudad o a la crítica al papel de los fondos de inversión.
El 11 de noviembre estuve en el centro de Barcelona durante una parte de lo ocurrido después de la manifestación de la huelga general.
Vi varios contenedores y residuos ardiendo, columnas de humo importantes, calles bloqueadas, presencia policial y grupos de personas alrededor de algunas de las zonas donde se estaban produciendo incidentes. Entre las personas que pude observar aquella noche había muchos jóvenes, algunos de apariencia muy joven.
Eso es una observación personal. No permite saber quién había causado cada incendio, quién participó en una determinada acción ni, mucho menos, la edad jurídica de una persona por su aspecto.
Y precisamente esa distinción me parece importante.
La jornada había movilizado a decenas de miles de personas alrededor de cuestiones como el acceso a la vivienda, los salarios o el coste de la vida. La manifestación principal reunió a 55.000 asistentes según la Guardia Urbana y a 400.000 según los organizadores. Las fuentes periodísticas coinciden en que la marcha principal transcurrió de forma pacífica y que los incidentes graves comenzaron al finalizar.
Horas después, sin embargo, las imágenes que dominaban buena parte de la conversación pública eran otras: fuego, escaparates rotos, pirotecnia y enfrentamientos.
Comprender una reivindicación social no implica justificar esos actos. Pero esos actos tampoco convierten automáticamente en responsables a todas las personas que participaron pacíficamente en una movilización.
Jurídicamente, y también para entender lo que ocurrió, conviene no mezclar ambas cosas.
Qué se reclamaba el 11N
La huelga general no se convocó alrededor de una única demanda.
UGT y CCOO utilizaron como eje «Salarios · Vivienda · Precios» y vincularon la movilización a reivindicaciones sobre acceso a una vivienda asequible, mejora salarial, negociación colectiva, reducción de jornada, precariedad laboral y servicios públicos. El movimiento de inquilinos situó especialmente la crisis de la vivienda en el centro de la protesta. Son las posiciones de las organizaciones convocantes y deben entenderse como tales.
Las pancartas que fotografié muestran distintas maneras de plantear la cuestión de la vivienda. Una pedía vivienda para todos. Otra, también en catalán, decía «Només si som capaços d’habitar podrem construir» («Solo si somos capaces de habitar podremos construir»). En castellano, un cartel criticaba a los fondos de inversión con el lema «Fuera fondos buitres», y otro aludía a las viviendas vacías con la frase «Los bancos tienen casas sin gente…». Las fotografías recogen esos mensajes tal como se veían en la calle.
Eso no significa que pueda afirmarse que la sociedad española apoyara en bloque el programa de la huelga.
Sí existe, sin embargo, evidencia de que una parte esencial del debate —la vivienda— responde a una preocupación social que va mucho más allá de los sindicatos convocantes.
En el barómetro del CIS de octubre de 2026, el 55,7 % de las personas entrevistadas mencionaba la vivienda entre los principales problemas de España y el 33,8 % entre los problemas que les afectaban personalmente. Además, el 82,3 % se inclinaba por priorizar la vivienda como derecho constitucional frente a su consideración como bien de mercado.
Esos datos no equivalen a un respaldo a la huelga. Sí muestran que el problema que llevaba a muchas personas a la calle forma parte de una preocupación social ampliamente documentada.
Qué ocurrió en Barcelona al terminar la manifestación
La manifestación principal avanzó por el centro de Barcelona y terminó en el entorno de Plaça Catalunya.
Después de su finalización se produjeron incidentes principalmente alrededor de Passeig de Gràcia, Gran Via, Plaça Catalunya, Pelai y calles próximas. Las fuentes informaron de incendios de contenedores y mobiliario urbano, escaparates destrozados, accesos o robos en algunos establecimientos, lanzamiento de pirotecnia y enfrentamientos e intervenciones policiales.
Los balances cambiaron durante la noche, algo normal en un operativo todavía abierto. Los Mossos comunicaron inicialmente 18 detenciones; posteriormente el alcalde Jaume Collboni habló de unas 50. En la mañana del 12 de noviembre, el balance presentado por Interior de la Generalitat y los Mossos ascendió a 52 personas detenidas, seis de ellas menores de edad. Una detención, naturalmente, no equivale a una condena ni permite dar por probados los delitos atribuidos inicialmente por la policía.
También se produjeron intervenciones y cargas policiales durante la jornada, en Barcelona y en otras ciudades, y algunas actuaciones recibieron críticas de organizaciones sindicales. La legalidad de una actuación policial concreta no puede determinarse a partir de unas imágenes aisladas o de una descripción general: exigiría conocer las circunstancias de esa intervención.
Manifestarse es un derecho fundamental
El punto de partida jurídico es muy claro.
El artículo 21 de la Constitución Española reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas y establece que su ejercicio no necesita autorización previa.
Cuando la reunión se celebra en lugares de tránsito público o se trata de una manifestación, existe un régimen de comunicación previa. La autoridad solo puede prohibirla cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes.
La Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión, desarrolla este marco. Entre otras cuestiones, permite suspender o disolver una manifestación cuando se producen alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes o cuando concurre alguno de los demás supuestos previstos por la ley.
Por eso es importante no formular la cuestión como si existieran únicamente dos opciones: «manifestación permitida» o «manifestación ilegal».
Miles de personas pueden estar ejerciendo pacíficamente un derecho fundamental mientras otras, en el mismo entorno o después de la marcha, realizan actos que deben analizarse penalmente de forma individual.
Cuándo una protesta puede entrar en el terreno penal
El derecho de manifestación no protege cualquier conducta simplemente porque ocurra durante una protesta.
Romper un escaparate, incendiar un objeto, agredir a una persona o actuar violentamente contra un agente puede llevar el análisis a figuras penales diferentes. Pero tampoco existe una etiqueta penal automática aplicable a todo lo que vemos en un vídeo de pocos segundos.
Por ejemplo, el artículo 557 del Código Penal regula determinados supuestos de desórdenes públicos cuando, actuando en grupo y con la finalidad exigida por el precepto, se realizan actos de violencia o intimidación sobre personas o cosas, se obstaculizan vías creando determinados peligros o se producen otros comportamientos previstos por la norma. La aplicación del delito requiere analizar sus elementos concretos; no basta con estar en una calle donde se están produciendo incidentes.
Los daños sobre bienes ajenos pueden entrar en el artículo 263. Cuando los daños se producen mediante incendio u otros medios especialmente destructivos pueden entrar en juego las previsiones del artículo 266. Y el artículo 351 contempla un escenario mucho más grave: un incendio que comporte peligro para la vida o la integridad física de las personas. Si ese peligro no concurre, el propio Código remite al régimen de daños del artículo 266.
Esto permite entender por qué decir simplemente «quemar un contenedor tiene esta pena» sería jurídicamente incorrecto. Hay que saber qué se incendió, cómo, qué riesgo se generó, qué daños existieron y cuáles fueron exactamente los hechos atribuibles a cada persona.
Algo parecido ocurre cuando la conducta se dirige contra agentes de la autoridad. Los artículos 550 y 551 regulan el atentado y determinadas circunstancias agravadas cuando existen agresiones, intimidación grave, violencia o resistencia grave en las condiciones previstas por la ley. Tampoco aquí cualquier discusión, presencia o desobediencia puede calificarse automáticamente del mismo modo.
La responsabilidad es individual
Este punto me parece especialmente importante después de una noche como la del 11N.
El Código Penal atribuye responsabilidad a autores y cómplices y define distintas formas de participación en el hecho. De ahí no se desprende una responsabilidad colectiva por encontrarse físicamente dentro de una manifestación.
Una persona puede haber acudido a reclamar mejores salarios, otra a protestar por el alquiler, otra limitarse a observar y otra cometer un daño concreto.
No son jurídicamente intercambiables.
Del mismo modo que defender el derecho a manifestarse no supone justificar un incendio, la existencia de un incendio no permite atribuirlo a toda la manifestación.
¿Y si quien participa en los disturbios es menor?
La presencia de personas muy jóvenes fue una de las cosas que personalmente me llamó la atención aquella noche. Eso no autoriza a deducir edades a simple vista.
El dato que sí conocemos después del balance policial del 12 de noviembre es que seis de las 52 personas detenidas eran menores.
Ser menor de edad no significa ausencia automática de responsabilidad.
La Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, se aplica a las personas mayores de 14 y menores de 18 años que cometen hechos tipificados como delito. Existe un sistema específico, diferente del de los adultos y con una importante dimensión educativa, pero puede incluir medidas restrictivas de libertad e incluso diferentes modalidades de internamiento en los casos previstos legalmente.
Para quienes tienen menos de 14 años no se exige responsabilidad conforme a esa ley. En esos casos pueden intervenir los mecanismos de protección de menores correspondientes.
Por tanto, tampoco son correctas afirmaciones genéricas como que «un menor no puede responder penalmente» o que automáticamente recibe el mismo tratamiento que un adulto.
Violencia, titulares y reivindicaciones: una reflexión desde la calle
Hay una paradoja que el 11N mostró de una forma especialmente visual.
Decenas de miles de personas salieron a las calles de Barcelona para hablar, entre otras cosas, de vivienda, salarios y coste de la vida.
Horas después, las fotografías más potentes eran las llamas.
Es comprensible: un contenedor ardiendo tiene una fuerza visual inmediata que no tiene una pancarta sobre negociación colectiva o una estadística del CIS.
Pero esa diferencia de impacto tiene consecuencias.
Cuando unas pocas personas rompen escaparates, incendian mobiliario o se enfrentan violentamente con la policía, la conversación pública puede desplazarse en cuestión de minutos. Ya no se habla de la pregunta que llevó a miles de personas a manifestarse. Se habla del fuego.
Se puede condenar esa violencia sin descalificar la reivindicación de quienes se manifestaron pacíficamente. Y se puede considerar legítima o importante una preocupación social sin justificar jurídicamente ninguna conducta violenta cometida en su nombre.
Para mí, esa es una de las enseñanzas más claras de lo que vi en Barcelona.
El derecho de manifestación sirve precisamente para que una reivindicación colectiva pueda ocupar el espacio público de forma pacífica. Cuando alguien convierte ese espacio en escenario de violencia, no solo puede asumir personalmente consecuencias jurídicas: también puede terminar desplazando el mensaje de miles de personas que no participaron en esos actos.
Preguntas frecuentes
¿Es legal manifestarse en España?
Sí. La Constitución reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Las manifestaciones en lugares de tránsito público están sujetas a comunicación previa, pero el ejercicio del derecho no requiere una autorización previa en el sentido de que la Administración pueda concederlo o denegarlo libremente.
¿Estar en una manifestación donde otras personas causan daños me hace responsable de esos daños?
No automáticamente. La responsabilidad penal exige analizar la participación concreta de cada persona como autora, inductora, cooperadora o cómplice, además de los elementos del delito que se investigue. La mera presencia física no permite atribuir sin más los actos cometidos por otros.
¿Quemar un contenedor es siempre un delito de incendio del artículo 351?
No. La calificación depende de las circunstancias. El artículo 351 exige que el incendio comporte peligro para la vida o integridad física de las personas; cuando ese peligro no concurre, el propio Código remite al régimen de daños mediante incendio del artículo 266, sin perjuicio de otras figuras que puedan resultar aplicables.
¿Qué ocurre si un menor participa en disturbios?
Entre los 14 y los 17 años puede exigirse responsabilidad conforme al régimen específico de la Ley Orgánica 5/2000. Por debajo de los 14 años no se exige responsabilidad bajo esa ley y pueden intervenir los mecanismos de protección de menores.
Fuentes y referencias
Fuentes jurídicas
- Constitución Española, artículo 21
- Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión
- Código Penal
- Ley Orgánica 5/2000, responsabilidad penal de los menores